¿Cómo trata la legalidad los conflictos con menores?

Acoso escolar, bullying, violencia en las aulas… resulta difícil en los tiempos que corren no haber oído alguno de estos términos cuando los medios hablan de la escuela por la televisión o por los periódicos. La imagen que transmiten es la de chicos y chicas peligrosísimos e irrecuperables que lo único que hacen es estorbar el desarrollo de vida en el centro escolar.

Pero los medios no son los únicos que nos hacen sentir temor. Los informes de expertos institucionales procedentes de consejerías, juzgados, defensores y demás, con todo un aparato burocrático a sus espaldas para avalarlos, son aún peor, de forma que no resulta extraño escuchar equiparaciones entre menor problemático y futuro delincuente. Ante la avalancha de quejas referidas a niños que no respetan nada ni a nadie, alumnos que agreden a sus profesores, menores que denuncian a sus tutores legales, padres y madres o maestros, también desde el sector de la medicina se oyen voces que abogan por catalogar a los peores de enfermos mentales y trastornados.

Sea como fuere, el hecho es que en la Comunidad de Madrid los Reformatorios de menores han pasado de ser dos a 17 en tan sólo cinco años. Los términos del lenguaje moderno disfrazan el antiguo y tétrico de reformatorio por el actual y más aséptico Centro de internamiento de menores. Lo que deja más dudas es el tipo de programas y terapias que se llevan en su interior, a juzgar por las estadísticas negativas. Además, el informe del Defensor del menor de Andalucía de noviembre de 2007 proponía un aumento de los centros psiquiátricos para chavales trastornados. Por no hablar de la contundencia policial que se solicita ante el incremento de actos delictivos de niños rumanos en la capital.

Paradójicamente, se piden medidas que están demostrando su ineficacia para tratar los asuntos conflictivos relacionados con los niños y niñas, con los menores; para tratarlos, claro está, con una lógica que contemple las causas y no sólo las consecuencias de sus conductas, apelando a las razones que sus recorridos vitales sugieran, y que ofrezcan pistas para abordar los problemas de manera integradora, que es lo que se les niega cuando desde la sociedad se apela a tomar medidas sancionadoras y punitivas, porque lo que suponen, a fin de cuentas, es una manera de castigarlos y no de resolver el conflicto con vistas al futuro.

Para Martínez Reguera, una sociedad atemorizada se vuelve defensiva y consiguientemente represiva contra “lo” que la atemoriza (no necesariamente contra “quien” atemoriza). Bastará exacerbar la conducta de ciertos menores, los más vulnerables e indefensos por su extracción social, subrayar su consiguiente delictividad, e inmediatamente invadir con represión el ámbito de la justicia. Estas políticas que se obsesionan por el perfecto control ciudadano se ahorran cumplir deberes y prestar verdaderos servicios al amparo de una opinión pública bien trabajada, proclive a la creación de piquetes ciudadanos.

Afortunadamente existen ejemplos de colectivos sociales con una dinámica de funcionamiento permanente y una preocupación por nuestra infancia a prueba de bombas. También hay que mencionar otros que hablan de redenciones sociales desde la óptica de la justicia institucional. Emilio Calatayud, juez de menores de Granada es conocido por sus sentencias ejemplares (sentó a un raterillo en un pupitre hasta que aprendió a leer) que nada tienen que ver con la aplicación de la Ley al uso. Cada vez van más lejos sus decisiones judiciales, en un siempre sorprendente aliño de sentido común e imaginación: a un hacker (pirata cibernético) que desde Madrid entró en el ordenador de varias empresas granadinas y provocó daños por valor de unos 2.000 euros, el magistrado le condenó hace unos meses a impartir 100 horas de clases a estudiantes de informática. Recientemente dijo: “Hemos creado una juventud muy ‘ligth’, poco preparada para la frustración” y considera que “todos podemos delinquir y somos recuperables”, por lo que afirma que endurecer las penas a los jóvenes es sólo una marcha atrás. ¿Qué dicen los menores de todo esto?